Potente Marcha

Créditos: Kristel Karina Farías Neira

DECLARACIÓN PÚBLICA

Un nuevo 12 de octubre nos lleva a recordar y a la necesidad hacer visible la historia de exclusión y despojo que ha marcado la existencia de los pueblos originarios en Chile y la región. Hoy es imposible dejar de reconocer los procesos de etnocidio y el genocidio que comenzó 516 años atrás y que constituye uno de los más brutales hechos conocidos por la humanidad.

Crecientemente los estados nacionales latinoamericanos han implementado políticas que, en mayor o menor grado, buscan recuperar el daño ocasionado a los pueblos originarios por la situación colonial y postcolonial. Sin embargo, persisten situaciones de exclusión y discriminación, así como un preocupante aumento de la criminalización de las legítimas demandas y movilizaciones de los pueblos indígenas en el país, el más atrasado en materia de cumplimiento e implementación de los derechos de estos pueblos, a pesar de la reciente ratificación en Ginebra del Convenio 169 de la OIT.

Los pueblos originarios en Chile siguen siendo excluidos, como sujetos con características específicas, desconociéndose el aporte esencial que constituyen para el desarrollo cultural y político de una sociedad diversa que promueva el diálogo entre las diferentes culturas. De igual modo, debemos lamentar que estos procesos de criminalización, en particular hacia el pueblo mapuche, sigan siendo ignorados y desatendidos por las autoridades, pese a las múltiples denuncias de organizaciones indígenas, sociales y de derechos humanos, así como recomendaciones de organismos internacionales.

Especialmente grave nos parecen los efectos de estas políticas criminalizadoras sobre los niños y niñas mapuche, quienes han debido presenciar y ser víctimas, en democracia, de la violencia ejercida por policías de fuerzas especiales en allanamientos masivos a sus comunidades; la persecución, detención y prisión prolongada de sus integrantes, e incluso interrogatorios a estos niños y niñas, sin orden judicial, en sus propios establecimientos educacionales.

Estas situaciones les provocan severos daños sicológicos, reconocidos por los propios servicios de salud del estado, afirmando que estos hechos afectan gravemente su desarrollo. Lo que constituye una violación inaceptable de los derechos establecidos en la Convención de los Derechos del Niño, que el estado chileno debe promover y proteger, debiéndose recordar que, por el contrario, aún permanecen incumplidas las recomendaciones que el 2007 le formulara el Comité de Derechos del Niño de la ONU, encargado de cautelar el cumplimiento de la Convención por parte de los estados.

Los niños y niñas indígenas son además marginados socialmente y con frecuencia se les niega el ejercicio de otros derechos, incluyendo entre ellos el derecho a una educación y salud de calidad, así como la protección y participación en los procesos de toma de decisiones que son relevantes para sus vidas.

Es importante a su vez reconocer, que para la adecuada formación de los niños y niñas indígenas, por sus especiales características culturales, se requiere el concurso de toda la comunidad que integran, incluidos los ancianos y otras figuras representativas de significancia para su cosmovisión. Siendo un punto esencial es el respeto a esta diversidad cultural y la protección contra la discriminación de la que son víctimas.

Los Estados deben también procurar espacios que permitan el adecuado desarrollo de estos niños y niñas desde una perspectiva de interculturalidad y el pleno reconocimiento de sus valores y conocimientos ancestrales. Esto último considera el reconocimiento de la relación entre culturas, sus creencias y espiritualidad, el acceso a la tierra y a sus recursos naturales, como parte de su cosmovisión e identidad.

A más de 500 años de todos estos hechos y tras la adopción de la Declaración de los Pueblos Indígenas de la ONU, cabe cuestionar la continuidad de esta política represiva y criminalizadora por parte de las autoridades y agentes del estado, quienes insisten en apelar al uso de la fuerza para responder a las de demandas culturales, económicas, sociales y políticas de los pueblos originarios.

Red de ONGs de Infancia y Juventud Chile
Observatorio Ciudadano
Colegio de Antropólogos
Comisión Ética contra la Tortura - V Región