Fuente: www.elmostrador.cl
(Junio 27, 2008)
Dirigentes de la entidad hicieron llegar a la mandataria un documentado texto sobre actos de tortura y violaciones a los derechos humanos ocurridos en Chile durante su mandato. En la oportunidad reiteraron su demanda de poner fin a la impunidad y para que cese la represión a los sectores sociales que luchan por sus derechos, incluyendo en éstos a los estudiantes y al pueblo mapuche.
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Estos planteamientos fueron expuestos durante una hora y media en La Moneda por una delegación de de la Comisión Ética Contra la Tortura, que luego de entregar el informe de 67 páginas en la oficina de partes, se reunió con María Luisa Sepúlveda, asesora de la Presidenta en el tema.
En el encuentro participaron la dirigente de la Comisión Ética Juana Aguilera, junto a Alicia Lorca, por la Agrupación de Familiares de Ejecutados, Beatriz Brinkman, de CINTRAS y Mireya García, por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.
Las activistas de derechos humanos pasaron revista a las tareas pendientes respecto de verdad, justicia y reparación, como en relación a la prisión política, al no reconocimiento del exilio político como violación de los derechos humanos, y a la calificación de víctimas de la tortura.
También se abordó, entre otros temas, la situación de los chilenos que aun sufren penas de extrañamiento y la necesidad de poner término a las atribuciones actuales de la justicia militar.
La tortura hoy
El documento dirigido a la jefa de Estado aborda en su primera parte la situación de los derechos humanos en el país, la persistencia de tortura y malos tratos en las cárceles y la actuación policial frente a la protesta social.
La segunda parte del informe documenta la tortura y represión al pueblo mapuche entre marzo de 2006 y mayo de 2008, incluyendo 2 casos de tortura y violencia innecesaria con resultado de muerte (Matías Catrileo Quezada y Johnny Cariqueo Yáñez) y 55 casos detallados de prisión política en las cárceles de Angol, Victoria, El Manzano,Arauco, Lebu, Traiguén, Temuco (de Hombres y de Mujeres), Nueva Imperial, Lautaro y Rancagua y los procesamientos con medidas cautelares vigentes al 30 de mayo.
Se ha incluido también el caso de Elena Varela, considerado como un montaje policial orientado a impedir la difusión de documentales sobre las luchas mapuche.
Se detallan asimismo casos de tortura y violencia innecesaria ilustrados a través de recursos judiciales (10 casos), o denunciados por comunidades (montaje contra Héctor Llaitul/Roberto Painemil; represión en comunidades Antonio Ñiripil, Temucuicui , Juan Paillalef, José Guiñón, Newen Mapu) y una selección de casos citados en informes de organizaciones internacionales de derechos humanos.
Cambio social y tortura
En la declaración pública distribuida hoy, la Comisión Etica Contra la Tortura sostiene que la conciencia de la humanidad ha constatado que la tortura se practica para excluir de todo ámbito de participación y reprimir la voluntad de cambio político, económico, social y cultural de los sectores pobres y conscientes de la sociedad.
La tortura sistemática promueve la existencia de sistemas políticos represivos y facilita las inversiones de capital nacional y foráneo.
Agrega que Chile no es una excepción, y así lo demuestra el cinismo de quienes justifican la tortura y los crímenes como necesarios para lograr el progreso económico. El modelo neoliberal se impuso a través de la violencia sistemática de la dictadura militar.
La tortura, la represión, la desaparición forzada de personas no fueron accidentes históricos ni el resultado de faltas individuales de los agentes del Estado, sino la aplicación de un proyecto de desarrollo capitalista excluyente y autoritario. La Comisión Ética llama a no aceptar más explicaciones falaces para ocultar la responsabilidad de los ejecutores y autores intelectuales y políticos de esos crímenes ni para justificar a quienes se enriquecieron apoderándose de manera espuria de las riquezas del país.
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